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El voto de los católicos,
¿puede favorecer un programa anticristiano?

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El 14 de Septiembre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires definirá quién será su Jefe de Gobierno para los próximos cuatro años.

Materia candente si pensamos en el futuro inmediato de la “Reina del Plata”, cuya histórica Plaza de Mayo fue devastada por grupos piqueteros y los muros sagrados de su Catedral pintarrajeados con frases blasfemas ante la indiferencia de las autoridades que deberían haber clamado en su defensa.

De todos modos, los problemas comunales, genéricamente, concentraron la atención de los candidatos, pese a que el explícito apoyo presidencial a uno de ellos confirió al ballotage un carácter nacional.

Pero lo verdaderamente sorprendente, es el sintomático silencio mantenido durante la campaña electoral acerca de un tema: la persistente ofensiva contra la institución de la familia, lo que determina un conflicto de conciencia de la mayor gravedad, particularmente para el 85 % de los electores porteños que profesan la Fe católica.

Conflicto de conciencia que atañe a todos los argentinos — por la coincidencia de renovación de autoridades en tantas provincias— y se hace también acuciante cuando no se han destacado los antecedentes y propuestas de quienes con tanto afán piden su voto a la población.

En efecto, el 24 de noviembre ppdo. la Santa Sede orientó a los fieles en esta materia: “La conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral” (Nota Doctrinal Sobre Algunas Cuestiones Relativas al Compromiso y la Conducta de los Católicos en la Vida Política).

(Clicke aquí para ver el documento)
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En ese sentido, el conjunto de iniciativas y medidas legales firmadas por el Jefe de Gobierno de la Ciudad y actual candidato por Fuerza Porteña, Dr. Aníbal Ibarra, demuestra, precisamente, que ha llevado a cabo un programa gravemente atentatorio contra la familia, de cuño ideológico anticristiano. Programa que, todo indica, seguirá aplicando y desarrollando si accediera por segunda vez a la Jefatura de Gobierno.

El silencio a que se llamó el Dr. Ibarra sobre estos temas no garantiza, de ninguna manera, un cambio de postura o de rumbos.
Esa omisión parece corresponder a una mera cuestión de “marketing” pues, ya en los comicios de Mayo del 2000, la alianza entre el FREPASO y la U.C.R. que postulaba al Dr. Ibarra pospuso democráticamente, hasta después de las elecciones, el tratamiento de la “Ley de Salud Reproductiva” —a cuya aprobación ya se comprometiera el candidato ante la Dra. Diana Galimberti, presidenta de la Asociación Argentina de Salud Reproductiva— “para evitar que el tema se politice en la campaña electoral y la Iglesia ferviente opositora a una ley de esas características presione” (“Página 12”, 9-3-2000).

Como Jefe de Gobierno, el Dr. Ibarra no hizo sino continuar ejecutando un programa, ya iniciado cuando era legislador, programa que la conciencia católica rechaza por sus postulados “contrarios a los contenidos fundamentales de la fe y la moral”, cuyos principales lineamientos son los siguientes:

 

• El Código de Convivencia Urbana, merece ser recordado, fue sancionado por el Dr. Ibarra quien se presentara ante los votantes como el ex fiscal, el único candidato que sabía sobre delito y crimen, seguridad e inseguridad. Concebido a partir de una concepción relativista de las nociones de bien y de mal, deja de reprimir conductas pre-delictuales considerándolas simplemente “diversas”, entre las cuales la “oferta sexual”, prostitución, trasvestismo, ebriedad, etc. (Ley Nº 10).
Tipificadas en el régimen contravencional anterior, eran así combatidos en sus raíces comportamientos propiamente delictivos en nuestro ordenamiento legal. Pero una concepción ideológicamente desequilibrada de los derechos inherentes a la persona humana, llevó a no proteger su pacífico ejercicio cuando, unilateralmente, fueron establecidas apenas garantías como la actuación de jueces, fiscales y defensores.
Como consecuencia, la población decente — y la autoridad policial — están desguarnecidas, señaladamente de instrumentos de prevención y seguridad.

• Ley de Salud Reproductiva y Procreación Responsable. En último análisis, asigna al Estado una nueva función "misionera": la de proveer de instrumentos y propagar una ideología antinatalista, abortista y antifamiliar, incluyendo el “diseño e implementación de estrategias de comunicación y educación dirigidas de manera particular a las/os adolescentes, dentro y fuera del sistema educativo” (Ley Nro. 418, promulgada por decreto 1033/2000 del 12/7/2000).

• Polémicos convenios en materia de sexualidad. No resulta difícil imaginar cómo se entiende tal función “misionera” del Estado si recordamos la sugestiva ley de “Eliminación de Estereotipos de Género en Textos Escolares y Materiales Didácticos”, substituyendo los “roles” de varones y mujeres (Ley Nº 481, promulgada por decreto Nro. 1550, del 7-09-2000), o entre otros Convenios educativos, el firmado —y tan discutido— con SIGLA— Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina (8-11-2002), en el que ésta se compromete a “poner a disposición ... consejería para adolescentes y jóvenes” y a “realizar actividades de orientación y capacitación a los equipos profesionales en diversidad sexual” .

• Reconocimiento del “matrimonio” entre personas del mismo sexo con la creación de un "Registro de Uniones Civiles" por el que se pretende conceder derechos casi similares a los reconocidos al matrimonio, lo cual trae consigo —preténdase o no— una reeducación de la opinión nacional en materia de capital importancia para la sociedad como es la institución de la familia (Ley N° 1004, promulgada por Decreto Nº 63 del 17/01/2003). Sobre esta materia la Santa Sede exhortó en su documento “Consideraciones Acerca de los Proyectos de Reconocimiento Legal de las Uniones Entre Personas Homosexuales” del 3 de Junio ppdo. :“Si todos los fieles están obligados a oponerse al reconocimiento legal de las uniones homosexuales, los políticos católicos lo están en modo especial”.(Clicke aquí para ver el documento)

• En camino al aborto... la eutanasia, por ahora intrauterina. Dos meses atrás fue promulgada por la Legislatura de la Ciudad la ley de eutanasia intrauterina, mal disimulada bajo el eufemismo de “procedimiento en los establecimientos asistenciales del sistema de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de toda mujer embarazada con un feto que padece anencefalia o patología análoga incompatible con la vida”. (Ley n ° 1044, promulgada por Decreto Nº 999 del 17-7-2003).


Todo esto sucede inexorablemente cuando se impone la idea colectivista de la precedencia de la sociedad por encima de la persona.
Los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Estos derechos no están subordinados a la discrecionalidad de los individuos, y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado: pertenecen a la naturaleza humana.

Somos personas antes que ciudadanos. Pero a pesar de que nuestros derechos como humanos son anteriores a la autoridad del Jefe de Gobierno, se llegó a la promulgación de una ley por la que se determina la eutanasia intrauterina.

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Dígase de paso, hubo algo que el candidato de Fuerza Porteña no ocultó: su eufórica simpatía hacia el dictador Fidel Castro —célebre conculcador de todos los derechos de la criatura humana— a quien el Dr. Ibarra condecoró en el pasado mes de Mayo con la Medalla de Oro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras elogiarlo como “un emblema de los ideales de la libertad “ y "uno de los hombres más respetados del mundo" que “tendrá siempre el reconocimiento de la Argentina y de la ciudad de Buenos Aires” (Gacetilla de Prensa, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 26-5-2003).

Resulta llamativo que, en flagrante contradicción con su imagen de paladín de los derechos humanos, se haya permitido elogiar enfáticamente a un tirano que hace más de 40 años mantiene a Cuba bajo el férreo control de la secta comunista, sumiéndola en un régimen de terror, ruina, miseria y desolación moral transformándola en punto de partida para la imposición, a sangre y fuego, de la revolución marxista en numerosos países, incluso en la Argentina.
Más aún si se considera que poco antes tres jóvenes habían sido fusilados sumariamente en Cuba por el simple hecho de querer alcanzar la libertad escapando de la “Isla Prisión”.

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En pro de la autenticidad de las próximas elecciones en Buenos Aires, Acción Familia —una iniciativa de la Fundación Argentina del Mañana— plantea, a los pies de Nuestra Señora del Santísimo Rosario de la Reconquista y Defensa de Buenos Aires, una reflexión que es indispensable en el sistema representativo vigente: el cabal conocimiento de las posiciones de los candidatos.

Como consecuencia, exhorta a los electores a abandonar actitudes abstencionistas y votar en coherencia con la Fe porque, como recuerda la Santa Sede a todos los fieles laicos llamados a participar en la vía pública: “cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de responsabilidad” (Nota Doctrinal citada).

Nada es más acorde con un Estado de Derecho que el respeto por la libertad de preguntar y hacer oir una voz en resguardo de la célula original de la vida social, la familia.

Confiamos en que nuestra actitud sea bien recibida tanto por quienes con ella concuerdan como por quienes se le oponen; tanto por quienes solicitan el voto de la ciudadanía, como por quienes ya están constituidos en autoridad.

Si aportes extra partidarios como éste fueran considerados actos de oposición política, tratados quizás al límite de la ilegalidad, se tendería —tal vez inadvertidamente— a transformar el tan pregonado régimen democrático en mera ficción, pues en realidad pasaría a ser francamente dictatorial.

Visto esto, Acción Familia se siente en su pleno derecho para exponer al conocimiento de la Nación —es decir a los gobernantes, a los candidatos y a la población— todo cuanto acaba de plantear dentro del más estricto respeto al orden y la ley.

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